El 71% de los abogados sufre maltrato en su trabajo, y la ley aún no los protege como a otros.
«Para eso le pago, ¿no?». Casi todos los abogados de este país han escuchado esa frase, o una muy parecida, en el peor momento posible: a media diligencia, colgados al teléfono a las once de la noche, o en la antesala de una vista con el cliente fuera de sí. A veces la dice un cliente. A veces la suelta la parte contraria. A veces, lo más incómodo, la insinúa alguien que debería saber mejor cómo funciona esto.
Detrás de esa frase late una idea instalada, casi cultural, que merece desmontarse con calma: que el abogado es un proveedor de servicios al que se le puede gritar, amenazar o despreciar porque, al fin y al cabo, cobra por ello. Como si el cobro disolviera el respeto debido a cualquier ser humano que ejerce una profesión. Como si defender a alguien convirtiera automáticamente al defensor en blanco legítimo de la frustración ajena.
Lo que dicen los datos, que esta vez son incómodos de verdad
El I Estudio Integral sobre la Situación de la Abogacía, elaborado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid junto con GAD3 sobre más de 2.700 colegiados, dejó una cifra que debería haber generado más ruido del que generó: el 71% de los abogados y abogadas reconoce haber sufrido algún tipo de maltrato, descortesía o restricción en el ejercicio de su profesión. Siete de cada diez. No es una minoría ruidosa quejándose de un mal día. Es la mayoría describiendo su normalidad.
Y la cosa no se queda en la descortesía. Según ha recogido Economist & Jurist, más de la mitad de los abogados españoles reconocen haber sufrido agresiones o amenazas en el desempeño de su trabajo. No hablamos de insultos en un foro de internet. Hablamos de amenazas reales, dirigidas a personas concretas, por hacer exactamente lo que la ley les exige hacer: defender a alguien.
Hay incluso quien ha puesto la profesión en una clasificación que suena exagerada hasta que se mira con detenimiento. En los Encuentros en Madrid del ICAM, representantes de la abogacía internacional describieron la abogacía como la segunda profesión más peligrosa del mundo, solo después del periodismo. No por accidente, sino por estructura: defender derechos incomoda a quien preferiría que esos derechos no se defendieran.
¿Por qué no se nos protege como a otros?
Aquí llega la pregunta que de verdad incomoda, y que el sector lleva años planteando sin demasiado éxito. Quien amenaza o agrede a un profesor en el ejercicio de su función educativa, o a un sanitario en el ejercicio de su función asistencial, se enfrenta a una protección penal reforzada: ambos colectivos han sido equiparados, a estos efectos, a la autoridad. Quien amenaza o agrede a un abogado en el ejercicio del derecho de defensa, garantía constitucional donde las haya, no tiene ese plus de protección. Es un delito común, como cualquier otro.
La abogada penalista De la Cruz lo resumía sin rodeos en una entrevista para Confilegal: «Llevamos años pidiendo que, por lo menos, a efectos del Código Penal se nos considere autoridad como a los profesores o al personal sanitario si recibimos amenazas o agresiones». No es un capricho corporativista. Es una asimetría real: tres profesiones que ejercen funciones de interés público, expuestas todas ellas a la frustración del usuario, y solo dos de las tres protegidas con el plus que la ley reserva a quien ejerce autoridad. La misma fuente añade algo que rara vez se cuenta en voz alta: estas situaciones generan estrés y ansiedad reales, y hablar de ello sigue siendo, en buena medida, tabú dentro de la propia profesión. Se supone que hay que hacerse una coraza. Pero el miedo, cuando llega a casa, no distingue corazas.
El reverso de la moneda: el problema del reconocimiento
Hablar solo de agresiones sería contar media historia. La otra mitad tiene que ver con algo más sutil y, en cierto modo, más corrosivo: la dificultad de la abogacía para que la sociedad perciba el valor real de lo que hace.
Un estudio de impacto de la International Bar Association situaba la contribución económica global de la abogacía en 1,6 billones de dólares anuales, y sin embargo solo el 54% del público en general considera que los abogados tienen un impacto económico y social positivo. Apenas algo más de la mitad. Para una profesión que sostiene, en última instancia, el acceso de cualquier ciudadano a sus derechos, ese dato debería resultar tan llamativo como incómodo.
Y conviene ser honesto, porque la honestidad es la única forma de que esto no se quede en un lamento gremial: parte de esa brecha de percepción la hemos construido nosotros mismos. El abogado que cobra de más sin justificarlo, el que alarga procedimientos para facturar horas, el que promete victorias imposibles para cerrar el encargo, existe, y cada vez que existe alimenta el estereotipo entero. No se trata de pedir respeto incondicional. Se trata de distinguir entre la crítica legítima a malas prácticas, que es sana y necesaria, y el desprecio sistemático hacia una función esencial, que no lo es. Ambas cosas conviven hoy mezcladas, y esa mezcla es precisamente el problema: cuesta defender a la profesión cuando parte de la sociedad no distingue entre el abogado que abusa y el que, simplemente, hace bien su trabajo incómodo.
Lo que está en juego no es el orgullo gremial
Sería injusto, y poco propio de quien lleva tiempo mirando esto de cerca, no reconocer que algo empieza a moverse.
En febrero de este año entró en vigor un nuevo Real Decreto que actualiza los baremos, fijando en 600 euros la retribución de los procedimientos penales de especial complejidad, incluidos los de la Audiencia Nacional. El propio Colegio de la Abogacía de Madrid, que no es precisamente sospechoso de complacencia con el Ministerio, valoró la reforma como un paso relevante. Pero (y aquí está el matiz que conviene no perderse) el mismo Colegio advirtió de lo que llamó un «truco operativo»: mientras el cálculo siga haciéndose por folios y no por los «acontecimientos» en que se organizan hoy los expedientes electrónicos, buena parte de esa mejora será, en la práctica, imposible de acreditar y cobrar. Subir el techo no sirve de mucho si la escalera para llegar hasta él sigue rota.
Hay más movimiento de fondo. El Ministerio trabaja en una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, llamada a sustituir a la vieja Ley 1/1996, que ya peina canas para los estándares de cualquier servicio público digital. Entre las cuestiones sobre la mesa: pagos mensualizados con fecha fija, un estatuto profesional del abogado de oficio que hoy sencillamente no existe, mecanismos contra el fraude en la concesión del beneficio y, sobre todo, una actualización de los umbrales de renta que hoy producen un despropósito difícil de defender ante cualquier ciudadano de a pie. El IPREM, que determina el acceso al beneficio, ha subido un 11,5% desde 2018 mientras el salario mínimo lo ha hecho un 61%. La consecuencia, que pocos ven venir hasta que la sufren, es que una pareja en la que ambos cobran el salario mínimo puede superar hoy el umbral de ingresos y quedar fuera del derecho a la justicia gratuita. Subir el salario mínimo, paradójicamente, ha dejado a más familias sin abogado de oficio. Hace falta ser jurista para apreciar del todo lo perverso que es ese efecto.
Fuentes citadas
- ICAM / GAD3, «I Estudio Integral sobre la Situación de la Abogacía»
- Economist & Jurist, «Más de la mitad de los abogados españoles reconocen haber sufrido agresiones o amenazas»
- Empleo UGR, «La abogacía es la segunda profesión más peligrosa del mundo»
- Confilegal, «Amenazas de clientes, un clásico al que se tienen que enfrentar los abogados»
- International Bar Association, «El impacto económico de la abogacía es de 1,6 billones de dólares»
