Sin transporte público ni pago por desplazamiento, así se sostiene la defensa en la España vaciada.
En Vitigudino, partido judicial de Salamanca, reside una sola letrada para atender el turno de oficio penal. Cuando hace falta refuerzo, alguien tiene que venir desde la capital. Según ha denunciado el Colegio de Abogados de Salamanca, ese desplazamiento puede suponer más de 200 kilómetros repartidos en dos días, sin que se pague ni el tiempo dedicado ni el trayecto. Y hay un detalle que ilustra mejor que cualquier otro la lógica administrativa que rige este sistema: en la guardia de Violencia de Género, el letrado que asiste a la víctima cobra el kilometraje. El que asiste al agresor, saliendo del mismo punto y recorriendo los mismos kilómetros, no.
Eso es, en la práctica, la abogacía itinerante española: profesionales que recorren cientos de kilómetros para que un derecho fundamental, la defensa, llegue a partidos judiciales donde cada año hay menos letrados dispuestos, o disponibles, para ejercerla.
Lo que significa, sobre el terreno, la España vaciada aplicada al Derecho
El Colegio de la Abogacía de Burgos lo describió con una crudeza que pocas veces aparece en un comunicado institucional. Hay partidos judiciales, según ha explicado ICABURGOS, situados a más de 70 kilómetros de la capital de provincia, con puertos de montaña intransitables en invierno, sin transporte público y con el cuartel de la Guardia Civil más cercano a 40 kilómetros del lugar de residencia del propio abogado. En esas provincias, añade el Colegio, la colegiación de nuevos letrados se ha vuelto tan escasa «como los nacimientos en el Registro Civil». El resultado es que el turno de oficio en algunos partidos periféricos ya no lo presta nadie asentado en el territorio. Lo prestan abogados que viajan desde la capital, precisamente porque ya no queda nadie a quien obligar localmente.
El caso de Teruel llevó esa tensión a su punto de ruptura. En octubre de 2024, los abogados del turno de oficio de Alcañiz presentaron su renuncia colectiva al servicio. La letrada Elena Gallego explicó en COPE que el problema no era solo económico: los desplazamientos desde sus despachos hasta Alcañiz no se abonaban, las llamadas múltiples durante una misma guardia tampoco, y existía además un agravio comparativo frente a otros partidos judiciales de la misma provincia que sí recibían mejor retribución por el mismo trabajo. Según recoge la cadena, la situación se remonta a un decreto del Gobierno de Aragón de 2018, y los letrados lo resumieron con una frase que condensa la frustración de fondo: a los políticos se les llena la boca con la despoblación, pero el servicio que de verdad la combate sale del bolsillo de quien lo presta.
El relevo generacional que no llega
Más allá del dinero, hay un problema todavía más difícil de resolver con un baremo: quién va a seguir prestando este servicio cuando la generación actual se jubile. El Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha documentado lo que llama, sin rodeos, una «preocupante falta de relevo generacional», agravada por el envejecimiento de la población rural que también afecta, de forma directa, a quienes ejercen allí, según recoge Salamanca24Horas. No es solo que falten abogados jóvenes dispuestos a instalarse en un pueblo de la España interior. Es que los que hoy sostienen el servicio se acercan, ellos mismos, a la edad de jubilación, sin que nadie ocupe su lugar detrás.
El propio presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, lo planteó con claridad en un acto en Soria: la profesión arrastra «un déficit de medios, la falta de una retribución justa para el turno de oficio y la carencia de un sistema que contemple adecuadamente los costes asociados a los desplazamientos», según ha recogido Soria Noticias. Añadió un matiz que pesa especialmente en el contexto rural: la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, que introduce un modelo de mediación previa obligatoria, no contempla ninguna remuneración para los abogados que tienen que gestionar esos acuerdos, justo en el territorio donde acudir a una sesión de mediación implica, de entrada, otro desplazamiento.
La reforma que promete acercar la justicia y el riesgo de alejarla todavía más
La Ley de Eficiencia Organizativa sustituye los antiguos partidos judiciales por Tribunales de Instancia, y convierte los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia. Sobre el papel, el cambio busca modernizar la estructura judicial. En la práctica, según advierte ICABURGOS, abre la puerta a algo que el sector rural teme desde hace tiempo: la concentración y eventual supresión de juzgados allí donde el volumen de asuntos no alcance el módulo de carga de trabajo fijado por el Ministerio, lo que en los hechos aleja todavía más la justicia de los pueblos pequeños.
El Colegio de la Abogacía de León ha puesto cifras concretas a ese temor. La comarcalización de las secciones de violencia de género, lejos de mejorar el acceso, está funcionando «más como una centralización que como una verdadera justicia de proximidad», según ha denunciado su decano, David Díez Revilla, en declaraciones recogidas por Astorga Digital. El juzgado de Villablino, en la comarca de Laciana, acumula retrasos de más de dos años en sus procedimientos por falta de personal y temporalidad en las plazas, una situación que el propio decano calificó de «sangrante y dramática», añadiendo una frase que resume el sentimiento generalizado del sector: de la España vaciada solo se acuerdan cuando llegan las elecciones.
Las propuestas que empiezan a moverse, despacio
No todo es denuncia sin respuesta. El Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del Consejo de Castilla y León trabaja en la creación de una red de abogados rurales que ofrezca apoyo y visibilidad al colectivo, y plantea las nuevas Oficinas Municipales de Justicia como una oportunidad real, siempre que el Ministerio las dote presupuestariamente y forme adecuadamente al personal que las atienda. ICABURGOS, por su parte, reclama algo más estructural: medidas de discriminación positiva que favorezcan activamente el asentamiento y la consolidación de despachos en los partidos judiciales rurales, en lugar de seguir dependiendo de la buena voluntad de quien acepta viajar.
Ninguna de estas propuestas resuelve, por sí sola, la ecuación de fondo: mantener un servicio de defensa digno en un territorio cada vez más despoblado cuesta más por persona atendida, no menos, y ese coste alguien tiene que asumirlo. Mientras no se decida con claridad si lo asume el Estado, a través de baremos y dietas que reflejen la realidad del territorio, la abogacía itinerante seguirá dependiendo de algo tan frágil como la disposición personal de quien, hoy por hoy, todavía está dispuesto a coger el coche y cruzar un puerto de montaña para que alguien, en un pueblo pequeño, no se quede sin defensa.
Fuentes citadas
- Salamanca24Horas, «Los abogados salmantinos claman mejorías en los turnos de oficio»
- ICABURGOS, «Abogacía de oficio y territorialidad»
- COPE, «Los abogados de oficio de Alcañiz presentan su renuncia por los agravios comparativos que sufren»
- Salamanca24Horas, «La abogacía de Castilla y León alerta sobre las desigualdades en la justicia rural»
- Soria Noticias, «Los abogados de Soria y de toda España piden más medios y retribuciones justas para ejercer en el medio rural»
- Astorga Digital, «El Colegio de Abogados de León alerta de que la comarcalización de secciones de violencia de género dificulta el acceso efectivo al sistema»
Rubén Bernedo
Asesor fiscal con más de diez años de experiencia en el asesoramiento a empresas, autónomos y particulares en materia tributaria. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la planificación fiscal, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la resolución de procedimientos ante la Administración, ayudando a sus clientes a tomar decisiones con seguridad jurídica y una visión estratégica.
Su actividad profesional se centra en el análisis de la actualidad fiscal y en el impacto práctico de los cambios normativos sobre empresas y contribuyentes. Como colaborador de Portal Legal, comparte reflexiones y opiniones sobre fiscalidad, gestión empresarial y la evolución del marco tributario, con un enfoque claro, riguroso y orientado a la realidad del ejercicio profesional.
